Nacional, Sunday 19 de May de 2019

En un primer juicio fueron absueltos, pero Casación ordenó que fueran juzgados de nuevo.

Por primera vez en Córdoba, llega a juicio una causa de lavado de activos procedentes de la trata de personas y de la prostitución ajena. Recientemente fue enviado al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) el expediente que analiza la conducta de los hermanos Fabio Ricardo (47) y Daniel Alejandro Barei (39) y sus maniobras con un grupo de personas –familiares y allegados– que habrían participado como “prestanombres” o “testaferros” para derivar al circuito legal recursos malhabidos de la explotación sexual.

Esta causa se suma a otras dos que esperan para juzgar a los Barei en el mismo TOF 2 por trata de personas, explotación económica de la prostitución y la antigua ley de profilaxis.

Estos tres casos pueden ventilarse en un mismo proceso oral si el tribunal admite la petición del fiscal instructor, Enrique Senestrari, y quien llevará la acusación en el debate, Carlos Gonella. Ambos señalaron que los tres expedientes están conectados, por lo que sería más conveniente abordarlos juntos en un mismo debate.

Pero, además de la novedad de un juicio de lavado de activos por delitos de este tipo, lo que puede resultar significativo para el plenario que se avecina es que hay un “acervo patrimonial” de los Barei que, en caso de ser declarados culpables, puede quedar a disposición del Estado.

En otras palabras, los autos de alta gama, terrenos, casas y departamentos –algunos de muy elevado valor– pueden quedar a disposición de la Justicia para que esta los ofrezca para fines más dignos. En total, suman decenas de millones de pesos que se supone son producto del delito.

Las causas

El 30 de marzo de 2012 comenzaba a destaparse la actividad ilegal de los Barei en el Centro de la ciudad de Córdoba a partir de un megaoperativo comandado por efectivos de Gendarmería, a las órdenes de la Justicia federal.

Ese día fueron allanados los prostíbulos Faraón (en la esquina de La Rioja y Sucre), Candela (Tucumán y La Rioja), Macarena (Tucumán 437) y Playman (Sucre 383). Se informó en aquella oportunidad que allí había 19 mujeres que eran explotadas sexualmente.

Junto a los Barei, otras cuatro personas terminaron detenidas.

La primera de las causas que ahora se acumulan en el TOF 2 fue llevada a juicio en el TOF 1, que absolvió a los Barei porque no se probó la vulnerabilidad de las supuestas víctimas.

Pero la sentencia fue apelada y llegó hasta la Cámara Nacional de Casación, que anuló la absolución e hizo un “reenvío” para que se juzgara de nuevo en el TOF 2.

En el ínterin, se acumuló otra causa por similares delitos y ahora se añade el expediente por lavado de activos procedentes de esta actividad ilegal.

Fuentes del TOF 2 admitieron que la intención es llevar a juicio los tres casos por razones de economía procesal y por la conexidad que tienen los expedientes.

Bienes malhabidos

En su elevación a juicio por lavado del dinero derivado de la explotación económica de la prostitución ajena, el instructor Senestrari acusa a los Barei; a su madre, Mafalda Edith Ceballos (71); a la tía de ambos (y hermana de la anterior) Selva del Valle Ceballos (78), y a otras cuatro personas vinculadas a su entorno, Marcela Elizabeth Guzmán (45), Fabián Ariel Peralta (45), Graciela Mabel González (44) y Marcela Cristina Andino (46).

Señala que la madre, la tía y los otros cuatro actuaron como “prestanombres” o “testaferros” de los Barei, pese a que no tenían bienes ni ingresos para comprarlos.

También se describen los ingresos económicos de esos prostíbulos. Según escuchas telefónicas, se establece que producían ganancias por unos 65 mil pesos diarios, a valores de los años de la acusación, entre 2001 y 2012.

La elevación a juicio sostiene: “La ganancia así obtenida era invertida por los Barei en diferentes bienes materiales: automóviles, inmuebles y otros negocios que de manera sistemática ponían a nombre de terceras personas, ya sea unidas a ellos por un vínculo sanguíneo, como era el caso de su madre, Mafalda Edith Ceballos, o su tía Selva del Valle Ceballos (hermana de su madre), o unidas por el vínculo de amistad o familiaridad, como era el caso de Marcela Cristina Andino, Graciela Mabel González, Fabián Ariel Peralta y Marcela Elizabeth Guzmán, círculo que se hallaba unido a los hermanos desde 2001”.

La instrucción sitúa los momentos y los lugares de las operaciones de compra de vehículos y de bienes inmuebles a cargo de los Barei, pero utilizando a esas otras personas como titulares de la operación, según se presume.

Entre los autos, están secuestrados un Suzuki Swift GTI, un Audi A4, un BMW 325i y un Audi A3 Sportback 2.0 FSI.

Los inmuebles que quedaron con medidas cautelares –entre terrenos, locales, casas y departamentos– se encuentran en diferentes barrios de la capital cordobesa: Residencial América, La Rioja 390 al 394 (Centro), Villa Corina, Jardín, Pueyrredón (dos) y General Bustos, y, en el interior provincial, en Villa Carlos Paz (dos), en Villa del Lago y en Cosquín.

La instrucción destaca “la numerosa cantidad de bienes inmuebles y muebles registrables que se encuentran con medidas cautelares tendientes a un futuro decomiso, producto de una condena esperada”.

Lo que se quiere rescatar es que, si ese decomiso se produjera, la Justicia o el Estado pueden disponer de esos bienes para destinarlos a entidades de bien público o para el funcionamiento de instituciones estatales.